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El mayor fiasco cometido en la Gerencia de Urbanismo con los vecinos de Córdoba, el más caro, no está en la superficie. En un edificio o en un equipamiento. Es una red de tuberías que tendría que recoger las basuras de los nuevos barrios de Poniente para abaratar el coste en el que incurre la empresa municipal Sadeco. Cada vez que se urbaniza una zona nueva y cada vez que se compra un piso, que se entrega una vivienda, el problema se hace más grande.
Los datos relativos a 2016 dicen que se habían invertido hasta ese momento unos 20 millones de euros en una tecnología que nunca ha funcionado, que probablemente no llegue a conectarse nunca y que costará mucho dinero privado y público acabar. El asunto tiene nombre: Plan Neumático de Recogida de Residuos. Y, hasta ahora, los pagaderos han sido los propietarios de los barrios de Poniente. Bien promotores de suelo, bien usuarios finales de las viviendas cuando éstas son vendidas. La cifra actual puede ser mucho mayor que esos 20 millones porque hay más viviendas construidas y más sectores de suelo activos que en 2016 dado el éxito de estos sectores.
La historia arranca al inicio de la década pasada. El Plan General de Córdoba decidió expandir la ciudad por Poniente y Levante. Y mucho. En Sadeco echaron cuentas y vieron que recoger la basura de tanto barrio iba a costar una barbaridad de dinero. Pidieron a la Gerencia que redactara un plan especial para reducir esos costes usando una tecnología probada similar a la forma en la que se mueve el dinero en los supermercados: con tuberías de succión por vacío.
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Con la creación de cada barrio, se montan grandes sistemas de tuberías que fueran desde cada edificio a una red general que debería acabar en una estación central que hace que todo funcione. El vecino tiraría su basura sin salir de casa, en un cuarto comunitario, y sería succionada por grandes bombas hasta un edificio común ubicado en las cercanías que es donde iría el camión de Sadeco a hacer la recogida. La empresa Ros Roca ganó el concurso para gestionar el proceso por imposibilidad, se dijo, de compartir patentes. Cada metro de tubería y cada válvula lleva su marca, su sello técnico y sus precios. No hay competencia posible.
Cada vez que se traza un barrio, el promotor ha de tender alumbrado, saneamiento, calles pavimentadas o acerados. Solo cuando todo está hecho (es el proceso normal) se firma el acta de recepción que es cuando el Ayuntamiento de Córdoba se hace cargo del barrio. Es entonces cuando se pueden empezar a dar licencias de obras para construir edificios. En este caso, los promotores de suelo de Poniente han ido instalando unos 15 kilómetros de tuberías soterradas para transportar bolsas de basura cargando su coste al precio de cada piso. Todos los edificios de los barrios nuevos de Poniente disponen de cuartos específicos para ello en las zonas comunes dotados con las herramientas tecnológicas correspondientes. Pero las centrales, que es donde hay que instalar la maquinaria para que el sistema pueda bombear, nunca se hicieron.
Teóricamente, el Ayuntamiento dividió la recogida neumática en tres zonas. Una es Levante que nunca llegó a desarrollarse (Rabanales 21, no obstante, tuvo que poner la red de tuberías por si las moscas). Los nuevos barrios de Poniente se dividieron en dos. La zona Norte va desde la Huerta de Santa Isabel hasta la Arruzafa pasando por barrios como el Cortijo del Cura o el Hipercor. La zona Sur comprende la zona de Quirón, el gran plan frente al Reina Sofía y toda la zona del Cordel de Écija, lo que obligaría a crear, en el futuro, una tubería para basuras que cruce el Guadalquivir y la Ronda de Poniente. Cada una de esas tres zonas debería disponer de una central compactadora a cargo del dinero de los promotores de la zona que se lo revertirían a los clientes que compran la vivienda.
Un arquitecto de amplia trayectoria explica que cada vez que se hace un proyecto de urbanización en Poniente se llama a la empresa que gestiona el sistema que se encarga de la redacción del proyecto, fijación de precios y validación ante Sadeco. No es posible comparar ofertas o buscar al mejor proveedor. Lo mismo ocurre cuando se hace un proyecto de edificación. El profesional explica que el módulo básico por cada edificio cuesta 120.000 euros. Los bloques más pequeños de Poniente tienen 18 viviendas. Eso significa que cada propietario en esta casuística paga 7.000 euros por un sistema de recogida de basuras que no funciona.
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Si se dan determinadas condiciones (un recorrido de tubería hasta la calle superior a 70 metros), hay que colocar dos cuartos para la succión de basuras. El coste: 240.000 euros. A ello hay que sumar la cantidad repercutida de la red que discurre por el subsuelo de cada barrio. No es una exageración decir que cada vecino de Poniente ha pagado miles de euros de media por algo que no le sirve para nada. Condiciona, además, el proyecto final en materias como la orientación que se decide por factores como el soleamiento.
La clave radica en las centrales que es donde va toda la maquinaria de succión y donde tendrían que ir los camiones a por los residuos. Urbanismo nunca dijo dónde se tenían que construir esos edificios porque todas las localizaciones eran indicativas. Primer problema: nadie quiere un edificio dedicado a procesar la basura de miles de personas al lado de su puerta. Segundo problema: las estimaciones realizadas en 2005 aseguraban que la central norte costaría unos cuatro millones de euros mientras que la Sur superaría los dos millones de euros.
El anterior gobierno municipal, con IU, encargó el proyecto para el primero de los edificios una vez que había ubicado su construcción junto al parque de Turruñuelos, al lado del canal del Guadalmellato. El proyecto se hizo público unas semanas antes de las elecciones municipales que llevaron a José María Bellido a la Alcaldía. Costaba diez milllones de euros en vez de los cuatro millones inicialmente previstos. El proyecto estaba parcialmente soterrado para evitar olores lo que generaba un sobrecoste y se integraba en una zona verde.
Un directivo del sector de la construcción asegura que, desde que se conoció el dato de los diez millones de euros, el Ayuntamiento perdió todo interés en construir nada. Nadie en el sector privado o en el sector público tiene una idea cierta de cuándo se podrá poner en carga una infraestructura que le ha costado -datos de 2016- a cada sector de suelo grande una media de cuatro millones de euros.
Se han barajado varias ideas al respecto. La primera ha sido realizar una reforma a fondo del proyecto de Turruñuelos de manera que el presupuesto no sea tan elevado. La segunda ha sido modificar su ubicación a la zona cercana al nuevo Mercadona con el objetivo de construir algo más asequible. La tercera ha sido empezar por el área sur del plan de recogida neumática de de residuos levantando una pequeña planta piloto en la zona más cercana al Hospital QuirónSalud. A ella tendrían que conectarse salvando la Ronda de Poniente los futuros desarrollos al otro lado de la carretera. Incluso se ha abordado presentar las centrales a alguna convocatoria de los Next Generation ligadas a recogida sostenible de los residuos.
Nada de ello ha pasado de momento. La dirección de la empresa municipal Sadeco explica que ellos serán responsables finales del sistema cuando esté en uso pero que es a la Gerencia de Urbanismo a quien corresponde tomar las decisiones de qué construir y dónde. No hay constancia de que el asunto haya ido a ninguna convocatoria del Plan de Resiliencia del Gobierno porque existen razonas fundadas para que eso no ocurra. Tampoco se sabe quién pagaría el gasto energético relacionado con su funcionamiento.
Empresarios consultados avisan de que hay tuberías, válvulas y sistemas de conducción que se instalaron entre 2007 y 2008. De ahí en adelante. Han pasado quince años de su colocación y nunca se han probado. Los técnicos consultados explican que para que el sistema pudiese testarse tendrían que haber estado construidas las centrales receptoras de residuos que es donde se coloca la maquinaria que hace circular las bolsas de basura. En tanto ello no ha pasado puede que haya secciones que se hayan roto, que hayan sido robadas o que no se colocasen de forma correcta. «Lo que nos dicen las personas que trabajan en la zona es que no con partes útiles», explica el secretario general de la patronal de las constructoras cordobesa (Construcor), Francisco Carmona.
En estos momentos, el sistema penaliza a quien no debería. Al usuario final, y sobre todo, a quien dispone de menos medios. Las cooperativas y promotoras de VPO, que trabajan con precio tasado y menor número de unidades, han de integrar esta tecnología inservible en pie de igualdad de las promotoras que venden lujo.
La última vez que el equipo de gobierno (de PSOE e IU) se planteó en serio poner en marcha el plan de recogida de residuos se constató una realidad: no había dinero para pagarlo. Hay cantidades avaladas porque, desde la etapa de José Antonio Nieto hasta 2017, Urbanismo aceptaba construir edificios en Poniente sin sistema de basuras presentando un documento bancario que respondiese de sus costes cuando tocase ponerlo en marcha. Eso quiere decir que cualquier inversión suplementaria tendría que salir de las arcas públicas. Una vez entregados, los promotores de los nuevos barrios de Córdoba ponen fin a las juntas de compensación. Las viviendas se han vendido con su licencia correspondiente. Ya no son responsables de los pagos que haya que realizar. Entidades como Rehabilita Córdoba, que agrupa a arquitectos, ha pedido, al menos, que se deje de gastar dinero en esta cuestión hasta tanto se tenga un planteamiento claro de qué hacer. Urbanismo no ha reformado el plan especial desde el año 2013 cuando hizo retoques menores.
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