Durante el gobierno de la morenista Layda Sansores, la alcaldía Álvaro Obregón adjudicó de manera directa tres contratos por casi 1 millón de pesos a Unfigrad S.A. de C.V., empresa fantasma que es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) como  parte de la red de desvío de recursos y lavado de dinero presuntamente construida por Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda asesinado en mayo de 2020.

Mediante solicitudes de información, Animal Político obtuvo tres contratos otorgados en 2019 por la Dirección General de Administración de Álvaro Obregón para la impartición de cursos al personal administrativo de la alcaldía.

Las supuestas capacitaciones a los burócratas eran sobre temas tan disímiles que iban desde cómo dar “atención a grupos vulnerables”, “trabajo en equipo” y “manejo del estrés laboral” hasta sobre “instalaciones eléctricas”, “carpintería en general” y “electrofusión en tuberías de polietileno”.

Los contratos fueron firmados por el director general de Administración de la alcaldía, Alberto Esteva Salinas, y el director de Recursos Materiales, Juan Abad de Jesús, pero carecen de la firma del apoderado legal de Unfigrad, Walter Ortuño Santana, lo que constituye una irregularidad. 

El primer contrato y un convenio modificatorio al mismo fueron suscritos en septiembre y octubre de 2019 por un monto de 443 mil 160 pesos. En octubre fue adjudicado un segundo contrato por 539 mil 824 pesos.

Este medio escribió directamente a Sansores, hoy gobernadora de Campeche (solicitó licencia al cargo de alcaldesa en 2021 y contendió en la elección estatal de ese año), para solicitarle un posicionamiento respecto de las contrataciones a Unfigrad, pero la mandataria no atendió la petición.

En los contratos con Álvaro Obregón, Unfigrad –constituida en 2016– consignó su domicilio fiscal en Avenida Patriotismo 767, en la alcaldía Benito Juárez, un edificio de oficinas que en realidad es un “nido” de varias empresas fachada de la red que constituyó Isaac Gamboa mientras se desempeñaba como funcionario peñista y que presuntamente lavó dinero a escala internacional por un monto de 5 mil 800 millones de pesos, de acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR.

Según la indagatoria, que fue bautizada por las autoridades “Caso Viuda Negra” y cuyos detalles fueron revelados por Animal Político , Unfigrad hizo depósitos por 7.6 millones de pesos directamente a las cuentas de Bethzabee Brito Álvarez, esposa –hoy viuda– de Gamboa.

El pasado 21 de mayo se cumplieron 2 años del homicidio de quien fuera titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP bajo las órdenes de Luis Videgaray.

El supuesto apoderado legal de Unfigrad, Walter Ortuño Santana, junto con su esposa, Irene Nemesia Arriaga, están vinculados, en total, con 15 empresas de la red. La Secretaría de Hacienda consideró a dichos prestanombres como víctimas de robo de identidad o extorsión, por lo que no emprendió acciones legales en su contra.

No obstante, contra Unfigrad, la empresa contratada por el gobierno de Sansores en Álvaro Obregón, sí pesan acusaciones graves de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicha compañía entró en disputa legal tras el asesinato de Gamboa, pues sus parientes políticos pelearon por el control del millonario patrimonio en sus cuentas , según reveló este medio.

Otras dos compañías de la red de Isaac Gamboa, Sinaprit Servicios S.A. de C.V. y Bunker Techno S.A. de C.V. –que ya fueron clasificadas por el SAT como empresas fantasma definitivas–, recibieron transferencias de diversas instituciones públicas municipales, estatales y federales entre 2017 y 2019, según facturas electrónicas (CFDI) obtenidas por Animal Político mediante solicitudes de transparencia.

Los depósitos suman 1.2 millones de pesos y fueron efectuados por autoridades estatales de San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México y Querétaro, así como por el municipio mexiquense de Tultitlán y el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

También se efectuaron transferencias –aunque de montos pequeños– desde la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República en la administración de Enrique Peña Nieto.

El Comité de Transparencia del SAT reservó prácticamente la totalidad de las facturas, pero dejó a la vista datos que permiten reconocer al receptor de los CFDI, la fecha de emisión de la factura y el monto pagado.

El pago más cuantioso, de 522 mil pesos, provino del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en octubre de 2017, en la gestión del priista Juan Manuel Carreras. 

El Poder Legislativo del Estado de Querétaro realizó siete transferencias entre octubre de 2017 y mayo de 2018 por 385 mil 779 pesos, mientras que la Secretaría de Salud de Veracruz hizo tres depósitos por 111 mil 116 pesos entre noviembre de 2017 y octubre de 2018.

Los Servicios Educativos Integrados del Estado de México (SEIEM) pagaron 49 mil pesos en cuatro depósitos entre febrero y abril de 2019. 

El municipio de Tultitlán, Edomex, hizo dos pagos por 134 mil 400 pesos el 14 y el 15 de febrero de 2019, y el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, transfirió 9 mil 280 pesos en junio de 2018.

Las empresas fantasma expidieron dos facturas a dos instituciones federales del Ejecutivo federal de Peña Nieto, Segob y la Presidencia de la República, por un monto de 169 pesos en diciembre de 2019.

Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.

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